EDITORIAL

 

¡RESISTIR O MORIR!

Una decisión inquebrantable a 11 años del decreto de extinción.

 

DESPLEGADO EN LA REVISTA PROCESO.

 

A sus 105 años de vida, el Sindicato Mexicano de Electricistas acaba de celebrar su primera Asamblea General en forma semi virtual en un hecho sin precedente en la historia del movimiento obrero mexicano. Enjundioso como pocos, el SME vive una nueva etapa de resurgimiento después de que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa intentó por todos los medios exterminarlo en forma definitiva. Javier Lozano Alarcón, secretario del trabajo durante el sexenio de Calderón, llegó a decir que sólo le faltaba el acta de defunción para enterrar la historia de uno de los sindicatos más longevos de México, cuya tradición democrática se renueva, esta vez, con el uso de tecnología de punta para celebrar en medio de la pandemia una Asamblea General sin violentar las disposiciones sanitarias del gobierno federal. Aquí una breve reseña de su tragedia y resurgimiento.

 

Corría el mes de octubre del 2009 cuando Felipe Calderón Hinojosa se decidió a decretar la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC) respaldado por la toma policiaca y militar de alrededor de 400 centros de trabajo en un impresionante despliegue de fuerzas comandadas por el exsecretario de Seguridad Pública Nacional, ahora preso en los Estados Unidos, Genaro García Luna.

 

 

P. ¿Cómo vivimos los meses y días previos al golpe del 11 de octubre?

 

MEF. El gobierno de Calderón montó una estrategia para dividir y dejar en la indefensión jurídica a nuestra organización. Como lo narra en su libro “Decisiones Difíciles” le tomó meses armarla. En lo que respecta al SME, en 2009, Calderón se propuso desestabilizar su vida interna. Para ello, intervino en el proceso electoral para la renovación de la Secretaria General respaldando a la planilla de oposición “Transparencia Sindical” que a la larga se convertiría en el instrumento que, mediante una demanda de nulidad del proceso electoral, crearía las condiciones políticas propicias para asestarle el golpe mortal a Luz y Fuerza del Centro. La Dirección del Registro de Asociaciones a cargo de la Secretaria del Trabajo nos negó la denominada toma de nota al Comité Central democráticamente electo a través del voto personal, directo, libre y secreto para el periodo 2009-2011 y con esa negativa la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolvió, mediante un laudo, la nulidad del proceso electoral condenándonos a su reposición.

 

 

P. Durante los primeros meses del conflicto sostuvimos la ilegalidad del decreto de extinción. ¿Teníamos otras opciones para resolver los problemas de LyFC?

 

MEF. Para nosotros no hay duda de que Calderón actuó por encima del estado de derecho. En su momento, lo sostuvimos en los medios de comunicación y procedimos jurídicamente cuestionando la constitucionalidad y legalidad del decreto de extinción. Incorporamos al cuerpo jurídico del SME a abogados de renombre, entre otros, a Raúl Carrancá y Rivas y Néstor de Buen que promovieron sendos juicios de amparo en contra del decreto de extinción que al final llegaron a resolverse en la Suprema Corte de la Nación (SCJN) a favor del usurpador. Hoy hay testimonios de exministros que han denunciado las presiones del Ejecutivo Federal para someter a la Corte a sus designios. No olvidamos que los abogados Néstor y Carlos de Buen en septiembre de 2012 vencieron en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral a Felipe Calderón, logrando la sustitución patronal de los electricistas en resistencia en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sentencia que fue revocada arbitrariamente por la SCJN el 30 de enero de 2013. Nos quedó claro que fue una decisión de Estado.

 

Cuestionamos las facultades del expresidente para extinguir por decreto un organismo público descentralizado que fue creado por el poder legislativo, demostramos que el decreto era ineficaz en tanto que no había cumplido con los procedimientos rectores de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para su promulgación, denunciamos que la toma policiaca y militar de LyFC no tenía motivación jurídica y que los derechos humanos y laborales de los 44 mil trabajadores del organismo habían sido vulnerados con el despido injustificado que en 2013 la SCJN se encargó de justificar con el argumento balín de que el despido obedeció a un “caso fortuito y causa de fuerza mayor” para negarnos el derecho a la sustitución patronal en CFE.

 

La sucesión de actos violatorios al estado de derecho es interminable. De raíz, existían mecanismos jurídicos para resolver los problemas de LYFC sin recurrir a la extinción del organismo, el gobierno de Calderón los obvio con la intención de avanzar en la privatización de la industria eléctrica. En la JFCA se pudo ventilar, entre la parte sindical y de la administración de LyFC, el conflicto económico para darle viabilidad a la empresa o bien plantear la fusión de LyFC y CFE en el sentido de unificar a las dos empresas públicas prestadoras del servicio. En cualquiera de estos casos se preservaría el Contrato Colectivo de Trabajo del sindicato y eso era precisamente lo que el gobierno no quería dejar vigente.

 

P. ¿La extinción fue un “complot”? Sí, sí lo fue…

 

LyFC ciertamente estaba castigada financieramente al estar vetada para generar su propia electricidad. Estaba forzada a comprar energía en bloque a CFE y luego distribuirla por debajo de su valor mediante una política de subsidios que quebrantaba la situación financiera de la empresa. Antes de la extinción estábamos librando una batalla para darle viabilidad. El sindicato era el más interesado en la modernización de la atención al usuario y el abatimiento de las pérdidas de electricidad. Es totalmente falso que el Sindicato no haya cumplido con las metas del Convenio de Productividad de 2008 que suscribimos entre las partes con vigencia al 16 de marzo de 2012. En las carpetas de la Junta de Gobierno de este organismo hay constancia de que estábamos en el camino de modernizar a LyFC. Incluso Georgina Kessel, Secretaria de Energía y el director de LyFC Jorge Gutiérrez Vera inauguraron el nuevo sistema comercial en las oficinas de Juárez 90. Adicionalmente propusimos la utilización de la fibra óptica de LyFC para dar servicio de voz, datos e imagen a bajo costo a las escuelas públicas y hospitales.

 

Previo al decreto, el gobierno le mintió a la opinión pública para hacer ver a la empresa como un lastre y al sindicato como una élite privilegiada por la contratación colectiva, en realidad, desde la usurpación del poder, los neoliberales estaban imponiendo las condiciones para privatizar al sector energético del país e instaurar la flexibilización del trabajo con la reforma regresiva a la Ley Federal del Trabajo de 2012 que legalizó el outsourcing, mismo que con el paso del tiempo redundo en la profunda precarización del trabajo en nuestro país.

 

Lo hicieron al estilo neoliberal.

 

 

P. ¿Por qué decimos que hubo una campaña de medios y de miedos?

 

La criminalización, persecución y discriminación de la que fuimos objeto durante todo ese sexenio no tuvo límite. El aparato del Estado y los medios de comunicación lanzaron una cruzada de exterminio en contra del SME. No hubo una sola autoridad que se apegara al estado de derecho: En 2010, la JFCA, en forma arbitraria, dio por terminadas la relaciones individuales y colectivas de trabajo y canceló la vigencia del Contrato Colectivo mientras los tribunales nos negaron la suspensión definitiva del decreto y al final la SCJN, en julio de 2010, convalidó el decreto de extinción declarándolo constitucional. Los medios de comunicación, con sus excepciones, nos declararon socialmente non gratos. El gobierno invirtió más de 300 millones de pesos en propaganda negra para justificar el golpe y deslegitimar nuestra lucha de resistencia. Ahora se saben muchas de estas maniobras.

 

La clase política en su mayoría estuvo de acuerdo con el decreto. Calderón menciona en su libro como obtuvo el consentimiento de los gobiernos estatales y jefes de los partidos políticos para golpear al sindicato. No era la economía, ni el interés público lo que motivó la promulgación del decreto, era el deseo enfermizo de Calderón de acabar con un sindicato democrático y su Contratación Colectiva y el objetivo político de aplastar la lucha de resistencia popular a la privatización de la industria eléctrica. Los neoliberales no querían postergarla y usaron al Estado para imponerla. Necesitaban destruirnos.

 

Lo intentaron ocupando policiaca y militarmente nuestras instalaciones, la promulgación del decreto y la campaña mediática de linchamiento. Al mismo tiempo, se hicieron acompañar del chantaje y el soborno del gobierno a través de la Secretaría del Trabajo de Javier Lozano. A fin de disolver la lucha de resistencia electricista al decreto, Lozano ofreció un bono extra en la liquidación y prometió que los primeros 10 mil electricistas que abandonaran la lucha serían recontratados en la CFE. 28 mil trabajadores incumplieron el acuerdo de la Asamblea General, se fueron a liquidar renunciando a la protección del sindicato. Sobra decir que Lozano nunca cumplió con sus promesas. Solo 16,599 trabajadoras y trabajadores afiliados al SME se quedaron a resistir, sin ellas y ellos en este momento no existiría el SME.

 

 

P. ¿Y qué nos dejó tantos años de lucha?

 

La lucha se prolongó durante años, acudimos a instancias internacionales, nos movilizamos permanentemente y recibimos múltiples muestras de solidaridad a nivel nacional e internacional. Superamos el sexenio de Calderón manteniendo en alto nuestras reivindicaciones. No nos rendimos, ni siquiera después de que la SCJN nos negó la sustitución patronal en CFE que ya habíamos ganado. La tenaz lucha de nuestro movimiento creó las condiciones para encontrar una salida política al conflicto. El gobierno de Peña Nieto entendió que nosotros nunca nos íbamos a liquidar ni a renunciar a la movilización. La fuerza del movimiento abrió entonces un espacio para la negociación que fue tomando rumbo hasta el acuerdo de julio de 2015.

 

El contexto del sector había cambiado radicalmente después de la imposición de la reforma energética de EPN en diciembre de 2013. Los cambios a los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución comenzaron a operar inmediatamente después de aprobada la reforma. El Estado mexicano, en manos de los neoliberales, cedió el control de la industria al mercado con la intención de hacer prevalecer los intereses de los privados en el segmento más lucrativo del sector eléctrico como es la generación de electricidad. La transmisión y distribución de la energía eléctrica quedó en manos de la CFE que, en este contexto, es quién asume el mayor costo de la transportación de la energía hacia el usuario final. Precisamente ahora el gobierno de AMLO esta haciendo esfuerzos por recuperar el control estatal del sector eléctrico.

 

En síntesis, bajo este nuevo escenario, el Sindicato recuperó parcialmente una parte de lo que fue despojado por el gobierno de Felipe Calderón. Mediante la movilización y la negociación recuperamos para su uso y explotación las plantas hidroeléctricas de LyFC, un conjunto de bienes inmuebles no afectos a la prestación del servicio público de electricidad, con los que constituimos, por un lado, una empresa de generación eléctrica en sociedad con Mota-Engil y por el otro, una cooperativa de bienes y servicios para el sector eléctrico, LF del Centro. En dos años, con la obtención de los dividendos de la generación constituimos un Fondo de Prevención Social (FIDETRAB) para las y los compañeros de la resistencia que tiende a reemplazar las prestaciones contractuales en materia de seguridad social, salud, educación, cesantía y apoyo solidario por defunción para quienes resintieron durante todos estos años de lucha. En la negociación conseguimos la condonación de adeudos de los compañeros con LyFC incluyendo los del Programa Habitacional. Más de cuatro mil compañeros de la resistencia recibieron las escrituras en propiedad de sus casas habitación. El gobierno de Peña Nieto no cumplió con la totalidad de los acuerdos, dejó pendientes, uno de ellos muy importante: la afiliación al seguro social de los compañeros que resistieron y el pago del 50% de la compensación por antigüedad a los 996 compañeros que se beneficiaron de la obtención de una renta vitalicia que, para ellos, logró el movimiento de resistencia.

 

El SME existe, conserva su registro nacional de sindicato de industria gracias a la firma de varios contratos colectivos que hemos suscrito con distintas empresas, los miembros de su dirección, electos por voto personal, libre directo y secreto, tienen su respectiva toma de nota; El SME de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo promulgada el Primero de Mayo de 2019 llevó a delante los procedimientos de legitimación democrática de sus contratos colectivos y celebró en diciembre del año pasado la reforma de sus estatutos como lo acordó la actual Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Somos un sindicato existente, legal y legítimamente constituido.

 

P. ¿Cuál es nuestra opinión de la política energética del actual gobierno?

 

Nosotros estamos de acuerdo con la política energética de AMLO que busca recuperar el control de la industria para los mexicanos. Creemos que, por un lado, es necesario revertir la reforma energética en forma constitucional y por el otro, que es necesario instrumentar una política de transición energética hacia las energías limpias desde el sector público y social con la participación de las comunidades y pueblos que conservan la potestad de sus recursos naturales respetando sus derechos, usos y costumbres.

 

Fraternalmente.

 

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

 

C. Martín Esparza Flores.

Secretario General.

 

Responsable de la Publicación:

C. José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior.

 

CDMX a 14 de junio de 2020.

 

 

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