EDITORIAL

 

HOY COMO AYER, ESTAMOS CON MÉXICO.

 

Al Pueblo de México.

Al Gobierno de la República.

A los medios de comunicación.

 

Once de octubre de 2009. Al término de un partido de futbol, el  expresidente Felipe Calderón Hinojosa movilizó a más de 30 mil efectivos  de la Policía Federal y el Ejército para tomar por asalto a la empresa  pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Al mando de esta violenta  ocupación policíaca y militar que desalojó por la fuerza a miles de  electricistas de su fuente de trabajo estuvo Genaro García Luna ex  Secretario de Seguridad Publica hoy preso en las cárceles de los Estados  Unidos, acusado de tener fuertes vínculos con el crimen organizado.

 

El asalto, según lo planeado por el usurpador Felipe Calderón y sus más  allegados, constituyó la fase final de una secreta conspiración de  Estado cuyo propósito era acabar con el Contrato Colectivo de Trabajo  del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) mediante la extinción, por  decreto, del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

 

Calderón revela en su libro “Decisiones Difíciles” detalles de  dicha conspiración. El texto trasluce odio a los sindicatos, repulsión a  la contratación colectiva y un obstinado afán neoliberal por acabar con  los bienes públicos de la nación para entregárselos a los extranjeros.   Más allá de su enfermizo habito de mentir y al mismo tiempo creerse sus  mentiras, Calderón describe con inusual entusiasmo su “hazaña” de haber  acabado con una empresa pública y haber echado a la calle a 44 mil  trabajadores. Implica a sus cómplices y pone al descubierto la sucia  maniobra política que puso a las instituciones del Estado Mexicano al  servicio de una acción ilegal, inhumana y brutal. Asume que estaba listo  para ejercer una mayor represión, sin límite, si las circunstancias se  lo hubieran demandado. Valiente decisión de un neoliberal que usurpó el  cargo de jefe de estado.

 

En el fondo Calderón y su gobierno  tenían el propósito de hacer avanzar la privatización de la industria  eléctrica. Para ello, les era estratégicamente indispensable asestarle  un duro golpe al SME, un sindicato que franca y abiertamente se resistió  a su imposición en 2006 y respaldó las acciones de resistencia civil y  pacifica del ahora presidente de la República. Durante más de una década  el SME se presentó como el principal articulador de la resistencia  popular a la privatización de la industria eléctrica.  El 11 de octubre  del 2009, el SME tuvo que asumir los costos de su resistencia a la  imposición y la férrea defensa de la soberanía energética del país.

 

Es totalmente falso que el Sindicato no haya cumplido con las metas del  Convenio de Productividad que suscribimos con la administración de  LyFC. En las carpetas de la Junta de Gobierno de este organismo hay  constancia de que estábamos en el camino de modernizar a una empresa  pública que estaba duramente castigada por el veto de no poder generar  su propia electricidad por lo que estaba obligada a comprar energía  eléctrica en bloque a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para  hacérsela llegar, subsidiada, al consumidor final. La misma secretaria  de energía, Georgina Kessel, fue testigo del proceso de modernización  del área comercial en la atención al público usuario. Propusimos  también, para mejorar los ingresos LyFC, diversificar sus servicios  utilizando la fibra óptica que corría por sus redes de distribución  subterránea y área con el fin de hacerle llegar, a bajo costo, el  servicio de voz, datos e imágenes a las escuelas públicas, hospitales  del IMSS y el pueblo de México en general. Esto exacerbó los ánimos de  los neoliberales que ya habían concertado con anteriores  administraciones de LyFC el usufructo mercantil de nuestra fibra óptica.  Esta fue la gota que derramó el vaso de agua. El plan de rescate y  modernización de LyFC que abanderó el SME representaba un riesgo para  sus negocios y su intención de privatizar el sector eléctrico. Tenían  que actuar antes de que eso pasara.

 

La operación contó con el uso  discrecional de las instituciones del Estado y el acuerdo político de  consentimiento de las principales fuerzas políticas del país. En  palabras de Calderón funcionarios públicos de alto nivel, partidos  políticos afines y gobernadores de los estados circunvecinos a la CDMX  estuvieron de acuerdo en asestarle el golpe al SME. La clase política  subordinada al neoliberalismo se sometió a los poderes fácticos y  organismo financieros internacionales que pujaban por la privatización.  Al interior del SME, Calderón contó con aliados que abrieron la brecha  de la división. Dice que, en 2009, el SME vivió un proceso electoral muy  competido; cita, tomando partido por sus aliados “… Martín Esparza,  pretendía reelegirse, pero esta vez tuvo una férrea y justificada  oposición interna.” Misma que contó con todo el apoyo de su gobierno,  empezando por el director de LyFC, Jorge Gutiérrez Vera y Javier Lozano  Alarcón, su secretario del trabajo. En la preparación del golpe, el  gobierno violentó la autonomía y libertad sindical del SME con la  complicidad de quienes impugnaron el proceso electoral -Alejandro Muñoz y  su Planilla de Transparencia Sindical-. Un acontecimiento inédito en la  vida democrática del SME que abrió, de par en par, las puertas a la  intervención del Estado.

 

En medios de comunicación la campaña de  linchamiento en contra de la empresa pública fue avasalladora, se sabe  que el gobierno gastó en publicidad más de 300 millones de pesos para  justificar el decreto de extinción y criminalizar a nuestro movimiento.  Todos fuimos despedidos injustificadamente y puestos en las listas de la  patronal para vetar nuestro derecho al trabajo. Para desmontar la  resistencia al golpe, Javier Lozano Alarcón prometió que los primeros 10  mil electricistas que renunciaran a la lucha de resistencia en contra  del decreto de extinción serían recontratados en CFE y ofreció  adicionalmente un “generoso” bono al cobro de las liquidaciones. 16 599  trabajadoras y trabajadores rechazamos su oferta y libramos por años una  dura batalla en contra de los neoliberales. Sin el sacrificio,  abnegación, coraje y combatividad de las y los trabajadores en  resistencia en estos momentos no existiría el Sindicato Mexicano de  Electricistas.

 

Es obvio decir que Lozano no cumplió su promesa de  reinstalar en CFE a los primeros 10 mil trabajadores que renunciaron a  la protección del Sindicato al desistirse de las demandas que la  dirección sindical interpuso en la defensa de los 44 mil trabajadores  despedidos. Tuvimos 11 presos políticos encarcelados por más de dos  años. Lean esto, acusados por los vende patrias de “atentar en contra  del usufructo de la riqueza nacional”. El decreto de extinción de Felipe  Calderón se sustento paradójicamente en la defensa del “interés público  y el bien de la Nación”. Ahora se sabe que Calderón y sus cómplices  fueron recompensados con sendos cargos ejecutivos en las empresas  trasnacionales a las que sirvieron durante la usurpación de su mandato.  Felipe Calderón Hinojosa ocupó el cargo de consejero externo de  Avangrid, filial de la empresa multinacional Iberdrola y Georgina Kessel  Martínez fue ratificada, según datos de la pagina web de Iberdrola, en  2018 como consejera independiente con participación en el capital social  de la empresa. Sus méritos saltan a la vista.

 

Muchas cosas más  ahora se saben del sexenio negro de Felipe Calderón, otras aún se  ocultan. Su gobierno, tuvo la marrullería de clasificar como información  reservada por 12 años el legajo de documentos que delatarían la  ilegalidad del decreto de extinción de LyFC y revelarían con mayor  precisión la conjura del Estado en contra del SME. Es hora de que se  desclasifique lo que Calderón le ocultó al pueblo de México.

 

Por  último, Calderón no olvidó mencionar con agradecimiento la “invaluable”  colaboración del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la  República Mexicana (SUTERM) en la toma policiaca y militar de LyFC.  Cuenta Calderón que el SUTERM “Fue la primera organización sindical en  recibirme como Presidente electo”. Es entendible que después del fraude  electoral del 2006 Calderón buscara amigos entre el charrismo sindical. Y  encontró en Víctor Fuentes del Villar, Secretario General del SUTERM, a  un aliado estratégico para el asalto a LyFC. El SUTERM con el apoyo de  la policía y el ejercito violentó el Convenio de Delimitación de Zonas  que con el SME tenía pactado desde 1985. A propósito de ello, cabe decir  que en el presente tenemos una demanda en la Junta Federal de  Conciliación y Arbitraje por la recuperación de nuestra zona y materia  de trabajo que está por dictaminarse por las actuales autoridades del  Trabajo. ¿Por fin habrá justicia para los electricistas del SME?

 

El Sindicato Mexicano de Electricistas por todo lo dicho reivindica la  renacionalización de la Industria Eléctrica. Las nuevas disposiciones de  la Secretaria de Energía en materia de confiabilidad para el  fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional son correctas y deben  convertirse en Ley. El control del sistema, como lo hemos dicho por  décadas, debe estar en manos de los mexicanos. La recuperación de la  soberanía energética de nuestro país pasa necesariamente por la  restauración de los derechos humano y laborales de los trabajadores  electricistas del SME. Pasa por la reparación del daño con la  restitución de nuestra fuente de empleo y nuestro Contrato Colectivo de  Trabajo. El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de hacer justicia a  las víctimas de un mal gobierno neoliberal y fascista como fue el de  Felipe Calderón Hinojosa.

 

¡¡EL SME ESTA DE PIE!!

 Y

 ¡¡HOY COMO AYER, ALZA SU VOZ EN DEFENSA DEL PUEBLO DE MÉXICO!!

¡¡POR LA DEVOLUCIÓN DE NUESTRA ZONA Y MATERIA DE TRABAJO

 Y LA REINSERCIÓN LABORAL DE LA RESISTENCIA, VENCEREMOS!!

¡¡FUERA EL SUTERM DE LA ZONA DEL SME!!

¡¡VIVA EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!

 

Fraternalmente

 “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

 

C. Martín Esparza Flores.

 Secretario General.

 

Comité Central y Comisiones Autónomas.

Ciudad de México a 30 de mayo del 2020.

 

Responsable de la publicación: C. José Humberto Montes de Oca Luna.   Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas.

 

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