El ex diputado del PRD José Antonio Almazán González ha venido utilizando las redes sociales para montar una guerra sucia en contra de la dirección del Sindicato con la finalidad de desestabilizar a la organización y echar abajo los acuerdos alcanzados por la digna lucha de Resistencia del SME; sin escrúpulos convoca a liquidados y esquiroles a sumarse a su cruzada presuntamente democrática, con la pretensión de capitalizar la desinformación de algunos compañeros que por diversas razones están alejados del movimiento. En este documento aclaramos algunas de sus más recientes mentiras:

1. Almazán dice que no se han entregado propiedades al SME, que se trata de una “transmisión NO onerosa de bienes” y que el registro puede tardar varios años.

 

La transmisión NO ONEROSA significa que el SME no gastará un centavo por recibir esos bienes. Y es la vía legal para que, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales (art. 84, frac. XIII) puedan transferirse inmuebles federales a organizaciones sindicales EN PROPIEDAD. La falta de registro de las propiedades es anterior al decreto de extinción y su regularización, por parte del INDAABIN tendrá que hacerse a la brevedad, a partir de la recomendación emitida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre ese particular, tal y como aparece en el informe de la auditoría.

 

2. Miente Almazán cuando dice que el SME entregó la Clínica 26 “como un bien al patrimonio del IMSS”.

 

La Clínica 26 NUNCA FUE PROPIEDAD del SME. En el predio que ocupa se encontraba el Sanatorio privado “Las Américas”, que fue adquirida por las Compañías; debido a la Nacionalización de 1960 se transfiere al patrimonio de CFE y con el decreto de creación de Luz y Fuerza en el 94 pasa a formar parte del patrimonio de la empresa. Con la extinción de Luz y Fuerza, la clínica se desincorpora en favor del patrimonio del IMSS. No obstante, la Dirección sigue luchando por mantener la prestación del servicio para los electricistas en la Clínica 26.

 

3. Miente Almazán cuando dice que al recibir Generadora Fénix las plantas de generación, se avala en los hechos la privatización de la industria eléctrica.

 

Desde 1999, el SME ha combatido los proyectos de privatización del sector energético y de la industria eléctrica en particular. Aún despojados de nuestra fuente de empleo hicimos frente al proceso legislativo con mayor vigor y entereza que muchos personajes que hoy quieren enarbolar esas banderas de lucha. Insistimos en que nuestra lucha de largo aliento es por la renacionalización de la electricidad.

Participar en la industria eléctrica mediante un CCT, para mantener el registro de la organización e iniciar la reinserción laboral de nuestros compañeros no es avalar la privatización del sector. Afirmarlo como lo hace el ex diputado es como decir que quien tiene un empleo en México hoy en día está avalando la Reforma Laboral, o que el trabajador que gana un salario mínimo está avalando la explotación capitalista.

 

4. Miente Almazán cuando afirma que se ha ocultado información sobre el capital de Generadora Fénix.

 

En los acuerdos con Mota Engil siempre se estableció el poder garantizar liquidez a LF del Centro a partir de las ganancias por la generación de energía. Y con la modificación al Estatuto Sindical se dejó claramente establecido que todos los socios cooperativistas somos miembros activos del SME. Es decir, es de todos.

 

5. Miente Almazán cuando dice que al gobierno “le salió barata la liquidación de LyFC y sus trabajadores”

 

De la cantidad que menciona, 325 mil millones de pesos corresponderían a un instrumento legal que se utilizó como parte de la estrategia legal para interrumpir la prescripción del cobro de las liquidaciones (juicio IV-53.1.2014), frente al laudo de la SCJN del 30 de enero del 2013, como se explicará en el siguiente punto. Los más de 3 mil 859 millones corresponden al juicio laboral 1267/2009 promovido por el SME EN REPRESENTACIÓN DE 44,276 TRABAJADORES, condición que Almazán omite mencionar, pero que puede leerse en el documento citado.

 

6. Miente Almazán al ocultar información que le consta, pues él fue miembro de la Dirección del Sindicato en las diversas ocasiones en que se informó de la imposibilidad de ubicar esos fondos y cuando se planificó la estrategia legal después del fallo de la Suprema Corte.

 

Desde muchos años antes del decreto de extinción, el sindicato intentó, sin éxito, encontrar algún registro contable de Luz y Fuerza sobre los fondos de las cláusulas 64, 98 y 112. Incluso el IFAI ha señalado oficialmente la inexistencia de tales registros, que en su momento se supuso, fueron registrados como gasto y no como inversión en infraestructura. Argumento que en su momento fue expresado por el propio ex diputado.

 

Al inicio de febrero de 2013, tras el brutal golpe que sufrimos con la revocación del Amparo que nos daba el triunfo legal, que nos arrebataba el patrón sustituto y los salarios caídos, tuvo lugar una reunión de la Dirección con el cuerpo jurídico del Sindicato; a pregunta expresa de Almazán (entonces Pro Secretario de Jubilados) acerca de que, si a partir de que la Suprema Corte dejaba en firme el laudo del 30 de agosto de 2010 (juicio IV-238/2009), era procedente demandar los pasivos laborales y la liquidación del CCT, el Lic. Carlos de Buen respondió que el dictamen de la Suprema Corte nos condenaba al cobro de la liquidación, y en conjunto con los abogados de la organización recomendó como opción jurídica abrir un incidente de liquidación, acompañado de diferentes tipos de demandas en la Junta Federal con la finalidad de ganar el tiempo suficiente para lograr una salida negociada al conflicto, propuesta aprobada por Acuerdo de Asamblea General el 4 de febrero del 2013.

 

Por ello esos fondos fueron demandados en el juicio IV-53.1.2014 como parte de la estrategia jurídica. Continuar el litigio por el pago de esos fondos implicaba extender el pleito legal por tiempo indeterminado, sin cobrar liquidaciones y previendo, por lo ocurrido con la revocación del Amparo, un fallo final en contra nuestra, centrado en la inexistencia de registro contable alguno de esos fondos.

 

7. Miente Almazán cuando habla de una negociación “a la baja” a partir de la entrega de predios.

 

Es curioso cómo, al referirse a la entrega de las plantas de Luz y Fuerza a Generadora Fénix, el ex diputado “denuncia” que se avala la privatización. Pero tratándose de la entrega de predios para su explotación por una empresa social, LF del Centro, señale una negociación “a la baja”. Por principio de cuentas, no son solamente los 40 predios transferidos al SME los que siguen bajo régimen de dominio público de la Federación, sino 440 que, como se dijo en el punto 1, deberán regularizarse a la brevedad. Y en efecto, los 533 bienes que eran propiedad de Luz y Fuerza, fueron transferidos a CFE, primero, mediante el comodato derivado del Decreto de Extinción, para garantizar la continuidad en el suministro del servicio de Energía Eléctrica. La negociación no se estableció con CFE, ni nos ganó predios, le fueron asignados al inicio del conflicto para mantener el servicio. Nosotros les arrebatamos esos predios.

 

8. Miente Almazán cuando acusa que se traicionó al SME, con la entrega de la mayoría de los predios a CFE

 

Al quedar sin efecto el comodato y con la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica (11 de agosto de 2014), sus leyes y reglamentaciones secundarias y la Ley de la CFE (5 de agosto de 2014), el uso de las instalaciones de Luz y Fuerza para dar el servicio de energía eléctrica corresponde a CFE. Aún están en el proceso de desincorporación a su favor. Que la mayoría de los predios se consideren útiles para el servicio público, como se menciona en el documento de la auditoría, no es consecuencia de la negociación, sino de la Reforma Energética.

 

9. Miente el ex diputado al asignarle, solamente a los jubilados, la defensa de sus derechos adquiridos.

 

Los jubilados (de Luz y Fuerza o por pensión vitalicia) son todos miembros activos del SME. La organización en pleno asume la defensa de sus derechos. Y el pago de sus catorcenas es obligación del Gobierno “con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación” (artículo 5 del Decreto). De ahí la importancia de que toda la organización participe en su defensa.

 

10. Almazán omite dolosamente, mencionar lo que aquí se ha expresado en los puntos 1 y 7.

 

Como ya se dijo, la falta de registro de los predios es anterior al decreto y tendrá que resolverse a la brevedad. La responsabilidad es del gobierno y sus instancias.

 

11. En efecto, el Contrato de Adquisición de energía de la CFE a Fénix sigue pendiente, tal y como se ha informado en Asambleas Generales pasadas y por los medios oficiales de la organización.

 

En cuanto sea firmado, se dará a conocer.

 

12. Almazán asume que no tenemos memoria.

 

Las irregularidades en la extinción de Luz y Fuerza iniciaron en el 2009, incluso antes del decreto. Los 7 años de heroica lucha de resistencia lo demuestran: hemos peleado sin descanso contra una gran injusticia y las irregularidades que la sustentaron. Pero todo avance en esta lucha y lo alcanzado con la negociación ha sido avalado por acuerdos de Asamblea General y reafirmado con la movilización en las calles. Si las instancias del Gobierno Federal deben acreditar sus facultades, procedimientos o métodos, solamente a ellos corresponde esa tarea.

 

 

F R A T E R N A L M E N T E

Por el Derecho y la Justicia del Trabajador

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.

Comité Central y Comisiones Autónomas